La ley Foreign Corrupt Practices Act (por sus siglas, FCPA) fue aprobada por el Congreso de los Estados Unidos en el año 1977. De cierta manera, fue el resultado último de las investigaciones llevadas adelante por la Securities and Exchange Comision (por sus siglas, SEC). Dichas investigaciones concluyeron que 400 empresas americanas realizaron pagos de dudosa legalidad por más de 300 millones de dólares a funcionarios de gobiernos extranjeros, políticos, aportes electorales entre otros. Adicionalmente, dichas empresas habían falsificado sus estados contables con el objetivo de conciliar los mencionados pagos.
En el año 1998, el congreso americano modificó la FCPA aumentando el alcance de sus definiciones.
¿Qué obligaciones emanan del FCPA?
Se pueden diferenciar las obligaciones de la ley en dos grandes categorías.
En primer lugar, la mencionada norma prohíbe prometer pagos, realizar pagos o autorizar pagos de dinero o cualquier objeto de valor a: (i) un empleado de un gobierno extranjero (ii) personas que actúan para ciertas organizaciones internacionales (por ejemplo, el Banco Mundial) (iii) miembros de una familia reinante (iv) legisladores (v) funcionarios de empresas comerciales estatales (por ejemplo, Petrobras) con el objetivo de influenciar sus decisiones, en el sentido de conseguir o asegurar un negocio.
En segundo lugar, la FCPA cuenta con provisiones contables. Dichas previsiones son los recaudos que tienen que tomar los obligados para mantener una contabilidad adecuada y llevar adelante la contabilidad según los estándares internacionales.
¿Quién está obligado por la FCPA?
Los obligados por la mencionada norma son:
I. Issuers – Emisores
Se consideran “Issuers” aquellas entidades que hayan emitido valores que fueron registrados en los Estados Unidos o a las que se le requiere presentar informes periódicos a la Securities and Exchange Comision (por sus siglas, SEC). Se considerarán obligados a la mencionada normativa sus dependientes, representantes o cualquier persona que pueda representar a la entidad.
II. Domestic Concerns – Sujetos Americanos
Esta categoría está integrada por cualquier individuo que sea un ciudadano, nacional o residente de los Estados Unidos, o cualquier corporación, sociedad, asociación, consorcio comercial, organización no incorporada, que se encuentre regulada por la normativa norteamericana.
También se encuentran dentro de esta categoría aquellas entidades que tienen su principal lugar de negocios en los Estados Unidos.
Se considerarán obligados a la mencionada normativa sus dependientes, representantes o cualquier persona que pueda representar a las entidades mencionadas.
III. Jurisdicción territorial
Dentro de esta categoría entra cualquier sujeto que -no estando en las categorías mencionadas anteriormente- realicen cualquier acto, promesa o autoricen un pago corrupto estando en territorio americano.
Adicionalmente, se encuentran comprendidos aquellos sujetos que actúan en representación de quien realiza cualquier acto, promesa o autoriza un pago corrupto estando en territorio americano.
Whistleblower Provisions – Canales de denuncia
La ley Sarbanes-Oxley que fuera aprobada en el año 2002, junto con la ley Dodd-Frank del 2010, contienen provisiones que protegen a aquellas personas que denuncian a sus empleadores por realizar actos violatorios de la FCPA.
Mas específicamente, la ley Sarbanes-Oxley prohíbe a los empleadores tomar represalias contra el empleado que realizó una denuncia y prevé sanciones en el caso de que lo hagan.
Por otro lado, la ley Dodd-Frank introduce en la normativa americana, incentivos económicos a aquellos empleados que realicen denuncias. La mencionada norma autoriza a la SEC a pagarles a aquellos empleados que de forma voluntaria entreguen información de valor. Los incentivos económicos oscilan entre el 10% y el 30% de las sanciones económicas que se le impondrán al empleador.
